La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) se reunió este viernes con el gabinete del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a fin de hacer una serie de presentaciones relacionadas al recorte de las pensiones a personas con discapacidad.

La defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, participó junto a la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), de una audiencia con Alejandra Cedrola, jefa de Gabinete del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y con el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, a fin de hacer una serie de presentaciones relacionadas al recorte de las pensiones a personas con discapacidad.

Fernández solicitó la derogación del decreto 432/97 en virtud de vulnerar los principios de la convención internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual goza de jerarquía constitucional por ley 27.044, ya que modifica el paradigma de que la persona con discapacidad es un sujeto de derecho y no un objeto de asistencialismo.

En ese sentido la defensora del pueblo de Escobar expresó: “Se debe dictar un nuevo marco reglamentario en el que se determinen pautas conforme a la normativa señalada, con requisitos inclusivos y sujetos a la evaluación interdisciplinaria”.

A su vez propuso que se invierta la carga de la prueba; es decir, que el discapacitado no deba probar su discapacidad llamando a un 0-800 sino que, por el contrario, si el ministerio detecta una acción fraudulenta debe notificar fehacientemente al beneficiario a fin de que el mismo pueda ejercer su derecho de defensa.

“También solicité que los defensores del Pueblo tengan un Dictamen de Precalificación, a los efectos de atender trámites de acceso a una pensión que requieran celeridad y urgencia por sus características. Y la creación de una Unidad de Enlace entre el ministerio y las defensorías para lograr una comunicación eficaz”, finalizó la Dra. Fernández.

Si bien los funcionarios nacionales acordaron llevar adelante todas las propuestas presentadas, manifestaron que se restituirán las pensiones suspendidas y se depositarán los beneficios en el transcurso de la semana próxima. Aunque aclararon que no será de igual manera para aquellas pensiones cuyos beneficiarios tengan empleo en blanco, hayan fallecido, renunciado a la misma o perciban una jubilación.